Hace unos días, la titular del INCAA hizo pública la intención del Estado Nacional de impulsar un plan de créditos blandos para la apertura de nuevas salas y de regular el ingreso de copias de películas extranjeras al país.
Este último anuncio se hace eco de una situación cada vez más evidente: para muchas películas (principalmente argentinas, pero también para otras provenientes de distintas latitudes, Europa y USA incluidos) resulta casi imposible encontrar pantallas disponibles para su exhibición, pues los espacios del circuito son ocupados, en forma casi absoluta, por superproducciones millonarias provenientes de Hollywood que, a fuerza de campañas publicitarias, acuerdos corporativos con las cadenas exhibidoras y otras triquiñuelas, arrasan con cualquier viso de diversidad en la oferta cinematográfica.
Si bien esta “colonización” de las pantallas no es novedosa -ya había sido denunciada, por ejemplo, por la revista El Amante en junio de 2006- ha alcanzado en 2011 niveles hasta ahora desconocidos. El año que estamos recorriendo ha sido, sin dudas, el de los estrenos a gran escala. Según los datos del sitio especializado Ultracine, es posible constatar que, por ejemplo, “Piratas del Caribe 4. Navegando en aguas peligrosas” ocupó, en forma simultánea, en su primera semana de proyección 342 salas. “Harry Potter y las reliquias de la muerte” debutó con 304 salas, “Cars 2” con 279, “Kung Fu Panda 2” con 269, “Transformers 3: el lado oscuro de la luna” con 255 y “Río” con 211.
Para tener una real dimensión de estos números es importante destacar que en toda la Argentina existen aproximadamente unas 800 salas comerciales. Es decir que, en la semana de su estreno, “Piratas del Caribe” ocupó un 42,7 % de las pantallas del país!!! Y la cosa se pone peor cuando los tanques llegan a la pantalla con una semana de diferencia, tal como ocurrió con “Cars 2” y “Harry Potter”, que en julio de este año sumaron entre ambas nada menos que 553 salas, es decir un 69% del total de las ventanas de exhibición nacionales.
Las cifras hablan por sí mismas y, más allá de su obscenidad, ponen en claro que los resquicios para que las producciones nacionales o de otras latitudes lleguen al gran público son mínimos. En este contexto, las posibilidades del espectador al llegar a la boletería parecen reducirse tan sólo a “elegir” cuál de las distintas versiones del tanque de la semana desea ver (la copia en idioma original, la doblada o la 3D).
Ante este panorama, regulado exclusivamente por el mercado y, en especial, por ciertos operadores con una posición dominante, la diversidad cultural y la protección del patrimonio artístico nacional resultan variables prescindibles. En cierta medida, tal postura es comprensible pues, por más desalentador que pueda parecernos, no cabe esperar que empresarios privados que suelen actuar movidos sólo por el ánimo del lucro reparen o se preocupen por objetivos de bien común.
Es justamente aquí donde debe intervenir el Estado, que es el encargado de mediar en estas situaciones de conflicto y establecer límites razonables a los intereses particulares para hacerlos compatibles con los de toda la comunidad.
En el caso que nos atañe, la propia Constitución Nacional le impone a nuestros gobernantes el deber de velar por la identidad y la pluralidad cultural, proteger los espacios audiovisuales y garantizar a los ciudadanos el acceso a las artes. Para quienes tengan dudas al respecto, o simplemente quieran profundizar la cuestión, les recomiendo pegarse una vueltita por el artículo 75, inc. 19 de la Constitución y los distintos tratados internacionales suscriptos por el país.
Son estas previsiones (y otras de menor rango) las que claramente respaldan la decisión anunciada por el INCAA, que se hace cargo de la actual situación, que ya ha dejado de ser materia de debate de unos pocos teóricos o cinéfilos para convertirse en una fuerte preocupación de distintos actores de muchos directores, productores y distribuidores que ven sistemáticamente desplazados sus producciones a circuitos alternativos o a fechas y horarios muy poco atractivas desde el punto de vista comercial.
Ahora bien, admitida la legalidad de una eventual regulación estatal cabe aclarar, para evitar confusiones o informaciones mal intencionadas, que una medida en el sentido de la anunciada no constituiría algún tipo de censura ni implicaría imponer al público aquello que debe ver. Tampoco pretende privilegiar a un determinado tipo de cine por sobre otro.
Por el contrario, debemos tener en claro que la imposición existe hoy en los hechos. Quienes tengan alguna duda pueden revisar la cartelera de las últimas semanas en Capital Federal o verificar que es lo que se estrena en el interior del país. Por ejemplo, “Super 8”, la última película de J.J. Abrams no llegó a las salas de Mar del Plata, ciudad en la que en la misma semana “Los Pitufos” se presentó en los 3 complejos multipantalla de la ciudad. El ejemplo no es azaroso, pues la afectada no es una producción iraní o un corto experimental argentino (que podrían ser calificados como poco atractivos para el gran público) sino la última película del director de “Misión Imposible 3” y “Star Trek”, que además ha sido producida por Steven Spielberg.
Frente a esta homogeneización de las pantallas, amparada por una supuesta libertad de mercado, lo que la medida propuesta por el INCAA intentaría es garantizar al espectador reales posibilidades de acceso a distintas opciones, en condiciones mínimamente igualitarias, evitando que muchas producciones queden relegadas a “guetos cinematográficos” sólo para iniciados. Al mismo tiempo se logra asegurar mayor espacio para todas las expresiones culturales independientemente de su origen o su presupuesto.
Por otra parte, la decisión en forma supliría o impondría un gusto del público. Sería necio desconocer que en definitiva, siempre será el espectador quien determinará cuales son las propuestas que, por calidad, excelencia, o vaya uno a saber que otra razón, perdurarán en cartel. Si “Los Pitufos” o “Piratas del Caribe” atraen más al espectador que “Como sobrevivir a un rockero” o “Te amo, hermano” (para citar dos películas que han pasado “directo a video” en Argentina) seguirán llenando las salas por muchas semanas, aunque se presenten en cartel con menos copias. Nadie se quedará sin verlas. Quizás resultará más difícil conseguir entradas la semana del estreno, pero seguro que los exhibidores no bajarán de cartel un éxito de taquilla mientras sigua rindiendo económicamente.
Lo que es seguro es que una medida como la indicada podría colaborar para que otras expresiones encuentren un espacio para exponer sus virtudes o defectos. Se trata, en definitiva, de extender el menú de opciones, no de restringirlo. La mayor variedad siempre redundará en beneficio del espectador y no en su contra.
Lo que a esta altura debe quedar en claro es que toda normativa que persigue el bien común afecta, en mayor o menor medida, intereses particulares. La aquí comentada probablemente lo haga. Sin embargo, son los costos propios que todos debemos asumir por vivir en una sociedad organizada, en la que el lucro no constituye un valor absoluto que puede imponerse por sobre otros derechos.
Si bien aún faltan precisiones, es saludable que desde el Estado comiencen a pensarse alternativas para fomentar la diversidad cultural que, más allá de lo que nos intentan hacer creer, no es sinónimo de exclusión o prohibición, sino de ampliación de horizontes.
Sergio Napoli
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